– El legislador de MC hace referencia al caso que ocurre en Quintana Roo, en el litigio que sostiene el gobierno de México con la empresa Vulcan Materials Company y su filial Calica.
– Dice que la SRE debe buscar alternativas para evitar que dichas empresas, amparadas en el T-MEC a través del CIADI, eludan sanciones por daños ambientales y sociales causados en Quintana Roo.

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de noviembre.- A fin de evitar que en litigios internacionales, como el que actualmente enfrenta el gobierno de México con la empresa Vulcan Materials Company y su filial Calica en Quintana Roo, el senador de Movimiento Ciudadano (MC) José Luis Pech Várguez, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que actúe ante las instancias correspondientes, y así la resolución que den los organismos internacionales que tratan temas de este tipo, no solo consideren aspectos económicos, sino también ambientales y sociales.

En la tribuna del Senado de la República, el legislador quintanarroense hizo un exhorto, como parte del grupo parlamentario de MC, a la SRE, a fin de que actúe en tres vertientes: 

1. Realice un análisis exhaustivo de los acuerdos comerciales ya firmados para identificar los impactos sociales, ambientales y económicos que hoy presentan para que sean corregidos cuando dichos acuerdos sean revisados o actualizados.
2. Identifique o genere alternativas diferentes a la del CIADI para resolver litigios futuros en nuestros acuerdos comerciales.
3. Evite la firma de acuerdos comerciales con cláusulas de protección de inversiones que vayan en contra de la economía nacional, los derechos ambientales, sociales y humanos.

Lo anterior, manifestó el senador de Quintana Roo, deriva del caso particular de la concesión, otorgada en los 80, a la empresa Vulcan Materials Company y su filial Calica, que a causa de diferentes modificaciones a su contrato original con los gobiernos en turno, logró una concesión de 50 años, que concluirá en 2037, para extraer piedra caliza y construir una terminal portuaria para exportar el material extraído a los Estados Unidos.

Actualmente, explicó el senador Pech,  la Profepa ha acreditado que esta concesión ha provocado un severo deterioro en el medio ambiente, además de haberse excedido en los volúmenes de extracción autorizados, por lo que el gobierno federal decidió suspender actividades de la empresa antes mencionada.

Sin embargo, agregó el legislador, al amparo del actual (T-MEC), Calica presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI), un arbitraje internacional en contra del Gobierno Mexicano, y ahora reclama una compensación de mil 529 millones de dólares.

“Desafortunadamente, la experiencia nos enseña que cuando este tipo de asuntos llegan al tribunal de los árbitros del CIADI, éste no decide con base a consideraciones ambientales ni escucha a las organizaciones ambientales. Sólo emiten su juicio con base en las cláusulas del tratado donde todas ellas favorecen al  inversionista y únicamente se valoran aspectos legales y económicos”, lamentó el senador integrante de la Bancada Naranja. Dicho sistema de resolución de conflictos, añade Pech Várguez, es unilateral, pues el inversionista es el único que puede iniciar una demanda, dejando en indefensión a los países demandados.

Por lo anterior y para evitar situaciones de esta índole en el futuro el senador José Luis Pech presentó este exhorto a la SRE.